Casi un año han tardado la Cortes de CyL en debatir una Proposición No de Ley relativa a la discutible gestión que la Junta de CyL hace de las denuncias medioambientales que se presenta mayoritariamente por el SEPRONA y por los Agentes Medioambientales. Los datos en los que nos basamos son los últimos que nos ha aportado la Junta de CyL, y aunque los éstos se remontan al 2012, la línea sigue siendo similar y por lo tanto los datos de los últimos ejercicios entendemos que han ido en similar evolución.
Atención a los datos!!!
Denuncias presentadas del 2007
al 2012……39833
Tramitadas……………………………………………..30914
Dictaminadas………………………………………….24535
Ejecutadas………………………………………………10.856
Así pues hay una diferencia entre las 39833
denuncias presentadas y las 10856 ejecutadas…. Ni mas ni menos que de 28977.
Practicamente sólo un tercio de las multas que se ponen, llegan a cobrarse.
Pero es que entre las 24535
Dictaminadas (osea las resueltas, que ya están en vías de cobrarse) y 10.856 las
Ejecutadas(las que realmente se cobran) hay una diferencia incomprensible de 13679…. Se cobran mucho menos de la mitad.
La decisión de
iniciación o de no iniciación de los procedimientos sancionadores corresponde
sobremanera a los servicios
territoriales de medio ambiente. Y según nuestros datos es ahí donde se
produce el primer gran sesgo entre las denuncias presentadas y las incoadas,
casi 10.000 en el periodo de muestra, 1 de cada 4 denuncias no llega a
tramitarse al considerarse que los hechos no son constitutivos de infracción o
que la autoría de los mismos no esté determinada; Esos porcentajes tan altos no
nos cuadran, algo falla, porque
estas denuncias las formulan gentes de la autoridad, gente que
sabe, que conoce muy bien la legislación, que conocen muy bien el régimen
sancionador y que saben discernir entre si un hecho es o no constitutivo de
delito. Evidentemente, puede haber un número de denuncias que no se ajusten al
procedimiento sancionador, algo lógico, que ronde un 10% pero algo falla cuando
ese porcentaje supera el 25%, 1 de cada 4 multas, y en este caso no creemos que
quienes precisamente “fallen” sean precisamente los Guardias de Seprona o los
Agentes medioambientales, que cuando ponen una multa, la ponen con conocimiento de causa, y lo más probable es que esté bien puesta.
Después, entre
los expedientes que llegan a incoarse, a tramitarse (ya hemos visto que casi un
25% no llega a este nivel), casi un 20% no llegan a Dictaminarse, o sea a resolverse.
Sin que lleguemos a entender por qué. Y de los que se resuelven, el
pronunciamiento puede ser sancionador o desfavorable a la sanción, eximiendo de
responsabilidad al demandado.
Esto último
justificaría la diferencia entre los expedientes resueltos y los ejecutados, si
no fuera porque en el periodo que tenemos de muestra la diferencia entre ambos
es brutal, superando mas del 58% (24535 expedientes resueltos y 10.856 resueltos) de los expedientes
que se resuelven no se traduce en una ejecución económica. Podemos entender que
algunos de estos expedientes se resuelvan de forma absolutoria….. pero, después
de tantos filtros……..el 58%????. Es imposible. No sabemos en qué el 58% de esas resoluciones no conllevan sentencia económica, pero entendemos que el problema es que bien porque caducan, o por otras
causas que desconocemos, las resoluciones que en su mayoría tienen sanción
económica….. no llegan a cobrarse.
No hay justificación alguna para que
una denuncia no progrese y se tramite porque pasen mas de 6 meses y no se haya
gestionado convenientemente.
No hay justificación para que uno
solo de los expedientes sancionados no llegue a ejecutarse por que haya
caducado.
Si el problema es que falta personal....la Junta debiera de sacar todas las plazas que el pasado año estaban vacantes en los distintos servicios territoriales (9 de 28) y reforzar aquellos en que aún así precisen de mas personal para sacar adelantes todos los expedientes.
Si el problema es que falta personal....la Junta debiera de sacar todas las plazas que el pasado año estaban vacantes en los distintos servicios territoriales (9 de 28) y reforzar aquellos en que aún así precisen de mas personal para sacar adelantes todos los expedientes.
Y es por ello que el Grupo
socialista en estas cortes presentó y debatió la pasada semana una PROPUESTA DE RESOLUCIÓN que no ha sido rechazada por el grupo parlamentario popular el cual entiende que las "cosas se están haciendo bien" por parte de la Junta de CyL en esta materia y por lo tanto consideran que la gestión de las denuncias medioambientales deben de seguir en la misma línea.
Nuestra propuesta de mejora, eque fue rechazada por el PP pretendía lo siguiente:
1. Cubrir las vacantes y en su caso aumentar
la plantilla de Técnicos Jurídicos de los Servicios Territoriales de Medio
Ambiente de las provincias de la Comunidad a lo largo del 2014 para conseguir
la tramitación y resolución de los expedientes sancionadores.
2. Cubrir las vacantes del
Cuerpo de Ayudantes Facultativos, Escala de Agentes Medioambientales de la
Comunidad de Castilla y León, al cumplir un servicio público básico.
3. Establecer un sistema de gestión autonómico
de expedientes sancionadores que evite la falta de tramitación de expedientes y
la falta de pago de las resoluciones que recaigan en dichos expedientes.
4. Impulsar una campaña de difusión, dirigida
a toda la ciudadanía, sobre el deber de conocer aquellas situaciones de
conculcación de la normativa y la consecuente agresión medioambiental.
5. Elaborar y ejecutar los
cursos de formación necesarios para hacer más eficiente y eficaz la labor de
los Agentes Medioambientales en su actividad en la presentación y gestión de
denuncias.
6. Publicación anual en la web de la
Consejería responsable de la gestión medioambiental de las denuncias
presentadas, tramitadas, dictaminadas y ejecutadas, indicando las cuantías
dictaminadas y ejecutadas. Todo ello de forma provincializada y por el sector sobre
el que se presenta la denuncia (caza, pesca, forestal, especies protegidas y
residuos)”.
Si algo tiene claro este grupo parlamentario es que el procedimiento sancionador es eficaz si consigue que mejoremos la protección del medioambiente de nuestra comunidad. De otra forma estaremos favoreciendo la desigualdad de trato, la impunidad de los infractores, la desmotivación de los agentes de la autoridad, desvirtuando la intención de la ley y favoreciendo la desprotección de nuestro medio natural
Si algo tiene claro este grupo parlamentario es que el procedimiento sancionador es eficaz si consigue que mejoremos la protección del medioambiente de nuestra comunidad. De otra forma estaremos favoreciendo la desigualdad de trato, la impunidad de los infractores, la desmotivación de los agentes de la autoridad, desvirtuando la intención de la ley y favoreciendo la desprotección de nuestro medio natural
